República Dominicana pone en vigor el nuevo Código Penal tras 141 años de legislación anterior
La República Dominicana inició este 3 de agosto de 2026 la aplicación del nuevo Código Penal, reemplazando la normativa vigente desde 1884. La Ley 74-25 incorpora nuevas figuras delictivas, endurece las sanciones para diversos crímenes y moderniza el marco legal para enfrentar delitos tecnológicos y otras modalidades criminales. Aunque el Congreso modificó algunos artículos antes de su entrada en vigor, la legislación comienza a regir mientras permanecen pendientes recursos ante el Tribunal Constitucional que podrían incidir en algunos de sus contenidos.
República Dominicana pone en vigor el nuevo Código Penal tras 141 años de legislación anterior
La Ley 74-25 entra en aplicación este 3 de agosto de 2026 con nuevas figuras delictivas, penas más severas y un marco legal actualizado, aunque mantiene desafíos por recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional.
La República Dominicana comenzó a aplicar este lunes 3 de agosto de 2026 el nuevo Código Penal, sustituyendo la normativa vigente desde 1884. La entrada en vigor de la Ley 74-25 se produce al cumplirse el plazo de 12 meses establecido en el artículo 393 de la legislación, incorporando decenas de nuevos delitos, endureciendo las sanciones para diversas conductas criminales y modernizando el sistema de justicia penal del país.
República Dominicana inicia una nueva etapa con la aplicación del Código Penal
La República Dominicana inició este lunes una nueva etapa en su sistema de justicia penal con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, contenido en la Ley 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025. La normativa reemplaza el código que rigió durante 141 años e introduce una amplia reforma destinada a responder a las nuevas formas de criminalidad y fortalecer el régimen sancionador.
El inicio de su aplicación ocurre tras cumplirse el período de vacatio legis de un año previsto en el artículo 393 de la propia ley. En ese contexto, el presidente Luis Abinader reiteró previamente que el Gobierno no aplazaría la entrada en vigencia, pese a las críticas formuladas por distintos sectores sobre algunos de sus artículos.
Entre las principales novedades, el nuevo Código Penal incorpora delitos que no estaban contemplados en la legislación anterior, aumenta las penas para numerosos crímenes y establece mecanismos que permiten, bajo determinadas circunstancias previstas por la ley, la acumulación de condenas de hasta 60 años de prisión. Asimismo, fija sanciones de hasta 40 años para los delitos considerados de mayor gravedad.
La reforma también fortalece la persecución de delitos tecnológicos y otras modalidades delictivas surgidas con el avance de las tecnologías y los cambios sociales, ofreciendo nuevas herramientas legales para el Ministerio Público y los tribunales.
Modificaciones antes de su entrada en vigor
Aunque fue promulgado hace un año, el Código Penal experimentó su primera modificación antes de comenzar a aplicarse. El Congreso Nacional aprobó cambios a diversos artículos cuestionados por organizaciones de periodistas, juristas y sectores de la sociedad civil, al considerar que podían afectar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Las modificaciones abarcaron disposiciones relacionadas con el ultraje, la difusión de imágenes privadas, la difamación, la malversación de fondos públicos, la responsabilidad penal de las empresas y otros aspectos del texto legal. Durante ese proceso también fueron presentadas iniciativas para aplazar durante seis meses la entrada en vigencia del Código con el propósito de debatir nuevas reformas. Sin embargo, esas propuestas no prosperaron antes de vencer el plazo establecido en la ley.
Un debate legislativo de más de dos décadas
La aprobación del nuevo Código Penal fue el resultado de un proceso legislativo que se extendió por más de veinte años. Durante ese tiempo, la iniciativa fue conocida en múltiples ocasiones por el Congreso, donde llegó a perimir en varias legislaturas y enfrentó dificultades para alcanzar las mayorías requeridas para una ley orgánica.
En defensa del proceso legislativo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó durante su más reciente rendición de cuentas que el Código Penal "no fue salcochado", al destacar que el proyecto permaneció durante décadas bajo estudio.
"Cuando el primer proyecto llegó, algunos de los legisladores que estudiaron la nueva ley no habían nacido", expresó el presidente del Senado.
Temas que marcaron la discusión
Los principales desacuerdos durante la discusión legislativa giraron en torno a asuntos como la penalización del aborto en todas sus circunstancias, la responsabilidad penal de iglesias y partidos políticos, los métodos correctivos aplicados por los padres a sus hijos y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción administrativa, entre otros temas que finalmente quedaron fuera del texto aprobado.
Pese a su entrada en vigor, la legislación aún enfrenta acciones judiciales ante el Tribunal Constitucional. Las decisiones que adopte ese órgano podrían confirmar la constitucionalidad del texto o modificar algunos de sus artículos.
Nuevas figuras delictivas
El nuevo Código Penal incorpora, entre otros, los siguientes delitos:
Feminicidio. Sicariato. Genocidio. Crímenes de lesa humanidad. Estafa piramidal. Ciberacoso. Ataques con ácido. Obstrucción de la justicia. Hostigamiento cibernético. Autosecuestro. Violencia patrimonial. Experimentación biomédica ilícita. Tortura. Reclutamiento de niños para cometer delitos. Una reforma de amplio impacto
La entrada en vigor del nuevo Código Penal representa una de las transformaciones más significativas del sistema jurídico dominicano en más de un siglo. Además de sustituir una legislación vigente desde 1884, el nuevo marco normativo amplía el catálogo de delitos, endurece las sanciones y adapta la legislación penal a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. No obstante, su implementación continuará bajo el escrutinio de los tribunales y de diversos sectores de la sociedad, mientras se conocen los recursos constitucionales pendientes y se evalúa el impacto práctico de sus disposiciones.
