Organizaciones pro voto demandan al Gobierno de Trump por presunta intimidación a electores

La demanda cuestiona las investigaciones impulsadas por el Departamento de Seguridad Nacional sobre ciudadanos naturalizados y registros electorales de personas que no serían ciudadanas

Los Ángeles (EFE).— Una coalición de organizaciones defensoras del derecho al voto presentó este miércoles una demanda ante un tribunal federal contra lo que considera actos de intimidación electoral promovidos por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, particularmente contra ciudadanos naturalizados.

La acción judicial también cuestiona los señalamientos de la Administración de que cientos de miles de personas que no son ciudadanas estadounidenses estarían registradas para votar, argumento que los demandantes califican de incorrecto.

La demanda fue presentada en nombre de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) y de Pedro Trujillo, un ciudadano naturalizado y votante registrado. Los demandantes alegan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ejercido presión sobre funcionarios estatales para investigar registros electorales utilizando información que podría contener errores.

De acuerdo con los abogados de la coalición, estas acciones estarían generando temor entre los ciudadanos y funcionarios electorales ante la posibilidad de enfrentar investigaciones penales, multas o incluso penas de prisión.

Cuestionan las cifras sobre votantes no ciudadanos

Uno de los principales puntos de la demanda son las afirmaciones atribuidas a la Casa Blanca sobre la existencia de más de 278,000 personas no ciudadanas registradas para votar en Estados Unidos, incluyendo unas 190,000 en California.

Los demandantes rechazaron esas cifras y cuestionaron la metodología utilizada para llegar a esas conclusiones.

“Eso es absolutamente falso”, sostuvo Dum, uno de los representantes de la parte demandante, al referirse a los datos difundidos por la Administración.

La querella también busca cuestionar lo que los demandantes consideran una narrativa que puede generar dudas sobre la legitimidad de los procesos electorales y de los ciudadanos habilitados para ejercer el voto.

Ciudadano naturalizado rechaza la idea de “votos de segunda clase”

Pedro Trujillo, quien forma parte de la demanda, manifestó su rechazo a cualquier acción que, a su juicio, pueda poner en duda los derechos electorales de los ciudadanos naturalizados.

“No se puede permitir que la Administración Trump siembre dudas sobre la legitimidad de los votantes”, afirmó.

Trujillo añadió: “Digo no a los ‘ciudadanos de segunda clase’. Digo no a los votos de segunda clase. Todo ciudadano merece tener la misma voz en nuestra democracia”.

Entre los abogados que representan a los demandantes se encuentra Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos y excandidato demócrata a la gobernación de California.

El debate sobre fraude electoral vuelve al centro de la política estadounidense

La disputa se produce en medio de los esfuerzos de la Administración Trump por reforzar los controles sobre los registros electorales y verificar la elegibilidad de los votantes.

Trump ha mantenido durante años un discurso crítico sobre la integridad de las elecciones estadounidenses y ha cuestionado los resultados de los comicios de 2020, cuando perdió frente al entonces candidato demócrata Joe Biden.

Desde entonces, sectores republicanos han impulsado distintas iniciativas destinadas a modificar los procedimientos electorales y aumentar los mecanismos de verificación de los votantes.

La demanda presentada en California coloca nuevamente en el centro del debate nacional el equilibrio entre la fiscalización de los registros electorales, la prevención del voto de personas no habilitadas y la protección de los derechos de los ciudadanos, incluidos aquellos que adquirieron la nacionalidad estadounidense mediante naturalización.