Fuerza del Pueblo denuncia supuesto desacato del Gobierno a sentencias del Tribunal Constitucional

Fuerza del Pueblo denuncia supuesto desacato del Gobierno a sentencias del Tribunal Constitucional y anuncia agenda para fortalecer el Estado de derecho Hotoniel Bonilla afirma que el Poder Ejecutivo incumple fallos de la alta corte y presenta propuestas para reforzar la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática

Santo Domingo. El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció que el Gobierno dominicano incurre en un supuesto desacato a varias sentencias del Tribunal Constitucional, entre ellas la sentencia TC/1003/23, al tiempo que anunció una agenda de iniciativas orientadas al fortalecimiento del Estado de derecho, la estabilidad normativa y la seguridad jurídica.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Hotoniel Bonilla, nuevo secretario de Justicia de la organización política, durante un acto encabezado por dirigentes de la FP, en el que presentó un informe sobre la situación del sistema de justicia y el cumplimiento de las decisiones constitucionales.

Bonilla sostuvo que el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional "no es opcional, sino una obligación del Estado", al afirmar que el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo sentencias emitidas por la alta corte.

Entre los casos señalados mencionó la sentencia TC/1003/23, la cual, según explicó, estableció criterios que impiden el cobro de la tasa de US$10 correspondiente a la tarjeta de turista a ciudadanos dominicanos. No obstante, aseguró que la administración pública mantiene el cobro de esos recursos.

El dirigente también expresó preocupación por la aprobación de normas que, a su juicio, contradicen decisiones del Tribunal Constitucional y afectan derechos fundamentales, situación que, afirmó, debilita la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica del país.

Informe sobre estabilidad normativa

Durante su intervención, Bonilla explicó que el informe elaborado por la nueva Secretaría de Justicia identifica un proceso de inestabilidad normativa, atribuido a una práctica legislativa que calificó como reactiva, improvisada y subordinada a intereses coyunturales.

Según indicó, el uso de la mayoría oficialista en el Congreso Nacional para impulsar reformas legales ha generado una crisis de confianza en las instituciones, al aprobarse modificaciones que, de acuerdo con su planteamiento, responden a decisiones previamente adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Entre los ejemplos citados figuran las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones, la legislación sobre fideicomisos públicos, la extensión del contrato de concesión de los aeropuertos, las reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los cambios introducidos al Código Penal antes de su entrada en vigor.

Seguridad ciudadana y sistema penitenciario

En materia de seguridad, Bonilla afirmó que el país carece de una estrategia integral para enfrentar la criminalidad y cuestionó la disponibilidad de estadísticas confiables sobre personas desaparecidas.

De acuerdo con los datos oficiales citados por el dirigente, durante 2025 fueron reportadas alrededor de 1,300 personas desaparecidas, mientras que desde 2022 la cifra supera las 3,000. No obstante, consideró insuficientes los mecanismos de búsqueda y la información suministrada a los familiares.

Asimismo, manifestó preocupación por las muertes de ciudadanos durante actuaciones de agentes de la fuerza pública y solicitó que cada caso sea investigado de manera independiente por el Ministerio Público, con estricto respeto al debido proceso.

En cuanto al sistema penitenciario, planteó la necesidad de fortalecer un modelo orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, conforme a los principios establecidos en la Constitución.

Agenda de la nueva Secretaría de Justicia

Como parte de las acciones anunciadas, Bonilla informó que la Secretaría de Justicia impulsará una agenda nacional enfocada en la estabilidad normativa, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Entre las iniciativas mencionó la defensa de la independencia del Poder Judicial y de la autonomía del Ministerio Público, así como la creación de un mecanismo de monitoreo, en coordinación con la Secretaría de Asuntos Electorales del partido, para dar seguimiento a actuaciones gubernamentales que, según afirmó, puedan generar ventajas electorales.

Además, indicó que la organización ofrecerá acompañamiento a víctimas de presuntas violaciones de derechos fundamentales y promoverá un debate nacional sobre nuevas reformas al sistema de justicia.

Fortalecimiento institucional de la Fuerza del Pueblo

Durante la actividad participaron el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña; el secretario general, Antonio Florián (Peñita); así como Roberto Rosario, Henry Merán, Daniel Beltré, Gideon Santos y Narcisa Pujols, entre otros dirigentes.

Florián explicó que la creación de la Secretaría de Justicia forma parte del proceso de fortalecimiento institucional de la organización y responde a la adecuación de su estructura tras el establecimiento del Ministerio de Justicia.

Según expresó, la nueva dependencia tendrá como objetivos elaborar propuestas en materia jurídica, dar seguimiento al sistema de justicia y fortalecer la vinculación del partido con profesionales del sector, como parte de su preparación con miras a las elecciones de 2028.

La denuncia presentada por Fuerza del Pueblo incorpora cuestionamientos sobre el cumplimiento de decisiones judiciales, la estabilidad del marco jurídico y el funcionamiento del sistema de justicia. Hasta el momento de esta información, no se incluye una respuesta oficial del Gobierno respecto a los señalamientos formulados por la organización política.