Defensa de Santiago Hazim no se opone a prórroga solicitada por el Ministerio Público en caso Senasa

Defensa de Santiago Hazim no se opone a prórroga solicitada por el Ministerio Público en caso Senasa

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 4 de septiembre el conocimiento de la solicitud de cuatro meses adicionales para presentar el acto conclusivo contra los imputados.

La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, manifestó este miércoles que no se opone a la solicitud del Ministerio Público de disponer una prórroga para presentar la acusación formal en el proceso judicial que involucra a diez imputados por un presunto fraude contra el Estado. La petición, planteada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, será conocida el próximo 4 de septiembre por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que la audiencia fuera aplazada por la ausencia de uno de los abogados de la defensa.

Defensa considera que la prórroga es un derecho del Ministerio Público

El abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, declaró que no se opone a que el Ministerio Público disponga de más tiempo para concluir sus investigaciones y presentar el correspondiente acto conclusivo.

Valerio sostuvo que se trata de un expediente complejo y que los fiscales de la Pepca y de la Dirección de Persecución tienen derecho a solicitar el plazo adicional contemplado en el proceso penal.

En la misma línea se pronunció el abogado Hiroito Reyes, quien representa al imputado Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico de Senasa. El jurista tampoco presentó oposición a que el Ministerio Público disponga de un período adicional para depositar su acusación.

Audiencia fue aplazada para septiembre

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, aplazó para el 4 de septiembre el conocimiento de la solicitud de prórroga.

La decisión se produjo luego de que el abogado del imputado Francisco Iván Minaya Pérez no pudiera comparecer a la audiencia debido al fallecimiento de su padre la noche del martes, por lo que se encontraba en la funeraria.

El Ministerio Público, representado por el director de Persecución, Wilson Camacho, y la fiscal Mirna Ortiz, procura que el tribunal le conceda cuatro meses adicionales para presentar la acusación formal.

A la solicitud también se han sumado los abogados que representan al Estado dominicano.

**Diez personas están bajo investigación judicial ** Además de Santiago Hazim, en el proceso figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.

Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.

También están incluidos Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario.

De acuerdo con la información suministrada sobre el proceso, algunos de estos últimos imputados habrían admitido ante el tribunal el pago de sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa. Estas admisiones y su colaboración con las autoridades fueron tomadas en consideración al momento de imponerles medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva. ** Ministerio Público atribuye millonario perjuicio al Estado**

El Ministerio Público acusa a los imputados de formar parte de una estructura que habría defraudado al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, monto que, según investigaciones posteriores, habría sido elevado a más de 19,000 millones de pesos.

De acuerdo con la acusación preliminar de las autoridades, la presunta red habría operado entre 2020 y 2025, período durante el cual se habrían producido irregularidades que afectaron los recursos destinados al sistema público de riesgos de salud.

A los imputados se les atribuyen, entre otros, los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.

Estas imputaciones corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser sustentadas durante las distintas etapas del proceso judicial.

Un expediente de alta complejidad

La solicitud de prórroga representa una nueva etapa dentro de un expediente que involucra a antiguos funcionarios, empresarios y otros particulares, además de recursos públicos por miles de millones de pesos.

El eventual otorgamiento del plazo solicitado permitiría a los fiscales disponer de cuatro meses adicionales para completar las diligencias investigativas y determinar el contenido definitivo del acto conclusivo.

El tribunal deberá evaluar la petición en la audiencia fijada para el 4 de septiembre, fecha en la que las partes expondrán sus respectivos argumentos.

Mientras tanto, los imputados mantienen las medidas de coerción que les fueron impuestas y conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva determine su responsabilidad penal.

La decisión que adopte el tribunal sobre la prórroga será determinante para el calendario procesal del **caso Senasa, **uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa de mayor impacto económico en el país. El Ministerio Público deberá justificar la necesidad del tiempo adicional, mientras las defensas podrán plantear sus observaciones ante el juez antes de que se establezca el próximo paso del proceso