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Caso Camaleón llega a juicio de fondo este martes contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros imputados

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inicia este martes 11 de agosto el juicio de fondo del caso Camaleón, proceso que involucra al exdirector del Intrant Hugo Beras, al empresario Jochi Gómez y a otros exfuncionarios, empresarios y sociedades comerciales. El expediente está relacionado con presuntas irregularidades en la contratación y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo. La etapa de juicio permitirá al Ministerio Público presentar sus pruebas y a las defensas controvertirlas, mientras el tribunal deberá determinar la responsabilidad penal individual de los acusados.

Redacción Voz RD
11 de agosto de 20265 min de lectura

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Caso Camaleón llega a juicio de fondo este martes contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros imputados El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional iniciará a las 9:00 de la mañana el proceso por las presuntas irregularidades en la contratación y gestión del sistema semafórico del Gran Santo Domingo

SANTO DOMINGO.— El juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y los demás imputados en el denominado caso Camaleón, comenzará este martes 11 de agosto a las 9:00 de la mañana ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El proceso llega a esta etapa luego de que la **jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictara el 5 de junio de 2026 el auto de apertura a juicio y considerara que existían elementos suficientes para que las acusaciones del Ministerio Público fueran debatidas en un juicio de fondo. ** Un expediente vinculado al sistema semafórico

El caso se originó a partir de una investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación relacionado con la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, durante la gestión de Beras en el Intrant se habría estructurado un esquema mediante el cual determinadas empresas habrían obtenido acceso privilegiado a contratos y servicios vinculados con infraestructura tecnológica del Estado.

La acusación sostiene que ese entramado habría sido utilizado para cometer presuntos actos de estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos y otros delitos, además de afectar sistemas tecnológicos relacionados con la movilidad urbana. Estos señalamientos deberán ser demostrados o descartados durante el juicio, conforme a las pruebas que sean presentadas ante el tribunal.

El contrato objeto de cuestionamientos estaba relacionado con un proyecto valorado en más de RD$1,300 millones, según informaciones publicadas durante el proceso judicial.

El tribunal depura las acusaciones

Con el auto de apertura a juicio fueron introducidos cambios respecto de la acusación originalmente presentada por el Ministerio Público.

Entre las modificaciones se encuentra la exclusión de algunas imputaciones formuladas inicialmente. Fuentes que han dado seguimiento al proceso reportaron que el tipo penal de terrorismo fue descartado, mientras que también fueron retiradas determinadas imputaciones de contrabando y otras figuras penales inicialmente planteadas.

En cambio, permanecen en el proceso acusaciones relacionadas con delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos y delitos de alta tecnología, de acuerdo con las informaciones sobre el auto de apertura a juicio.

La depuración de los cargos significa que el juicio deberá concentrarse en las imputaciones que finalmente fueron admitidas por el tribunal de la fase preliminar.

Los principales imputados

Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, el expediente incluye a exfuncionarios del Intrant, empresarios y varias sociedades comerciales.

Entre los acusados figuran Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector Administrativo y Financiero; así como Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

También forman parte del proceso varias empresas, entre ellas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Amplio equipo de defensa

Los imputados acudirán al juicio representados por diversos abogados. ** Jochi Gómez, junto** con Aurix S.A.S. y OML Inversiones S.R.L., cuenta con la representación legal de Carlos Balcácer, **Juan Hirohito Reyes Cruz y Johanny Elizabeth Castillo Sabari. ** Hugo Beras es asistido por Laura Acosta Lora, Nassef Roberto Perdomo Cordero, Luis Rivas, Olianna García Mateo, **Jennifer Gómez Caraballo e Iván Chevaleár. ** Asimismo, Frank Rafael Atilano Díaz Warden es defendido por Nolasco Rivas Fermín y Michelle Pérez, mientras Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda cuenta con Ingrid Melania Hidalgo Martínez y Joaquín Jáquez.

Juan Francisco Álvarez Carbuccia tiene como abogados a Juan Francisco Álvarez Guzmán, Jhon Manuel Frías Frías y Jossy Mariel Pimentel Rodríguez.

Por su parte, Pedro Vinicio Padovani Báez y Transcore Latam S.R.L. son representados por Cristian Jesús Cabrera Heredia y Jorge Abraham Morilla Holguín.

Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y PagoRD Xchange S.R.L. cuentan con la asistencia de Eduardo Núñez, Mario Guilera y Nicole Espinal.

En tanto, Carlos José Peguero Vargas e Inprosol S.R.L. son representados por Ricardo Alcántara Méndez y Milagros Reyes Rocha; Henry Darío Féliz Casso, por Emmanuel Martínez Acevedo y Carlos Olivares; y Dekolor S.R.L., por Vickmary García y Marino Féliz Rodríguez. ** Una etapa decisiva ** La fijación del juicio se produjo después de que la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional apoderara al Tercer Tribunal Colegiado mediante un sorteo aleatorio computarizado. El tribunal, presidido por la magistrada Arlín Ventura, estableció el 11 de agosto como fecha para el inicio del proceso y ordenó la notificación de las partes.

Con el comienzo del juicio de fondo, el Ministerio Público tendrá que presentar y sustentar sus pruebas ante el tribunal, mientras las defensas podrán controvertirlas y presentar sus propios medios de prueba.

El juicio, por tanto, representa una nueva etapa en un expediente que ha generado amplia atención pública por las acusaciones de presuntas irregularidades en la administración de recursos estatales y en la contratación de servicios relacionados con una infraestructura tecnológica considerada estratégica para el funcionamiento del tránsito en el Gran Santo Domingo. ** El principio de presunción de inocencia ** Aunque los imputados han sido enviados a juicio, su responsabilidad penal todavía no ha sido establecida de manera definitiva. El juicio de fondo deberá determinar, a partir de las pruebas y los argumentos de las partes, si existen elementos suficientes para dictar condenas o absoluciones.

La audiencia de este martes marcará así el inicio de una fase decisiva del caso Camaleón, en la que los señalamientos contenidos en la acusación deberán ser sometidos al contradictorio y valorados por los jueces conforme a las reglas del debido proceso.

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