Finjus solicita aplazar la entrada en vigor del nuevo Código Penal por fallas técnicas y riesgos jurídicos
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) solicitó al Poder Ejecutivo impulsar una ley que extienda el período de vacatio legis del nuevo Código Penal, argumentando que el texto contiene inconsistencias, duplicidades y vacíos que podrían afectar la seguridad jurídica. La entidad también considera necesario revisar disposiciones relacionadas con la difamación e injuria, debido a su posible impacto sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Finjus solicita aplazar la entrada en vigor del nuevo Código Penal por fallas técnicas y riesgos jurídicos La entidad propone extender el período de vacatio legis para corregir inconsistencias, fortalecer la seguridad jurídica y evitar conflictos en la aplicación de la nueva legislación penal.
Santo Domingo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) instó este domingo al Poder Ejecutivo a promover con carácter de urgencia un proyecto de ley que posponga la entrada en vigor del nuevo Código Penal, al considerar que el texto aprobado aún presenta deficiencias técnicas que podrían generar serias dificultades en el sistema de justicia dominicano.
La organización entiende que ampliar el período de vacatio legis permitiría revisar el contenido de la normativa, corregir errores e incorporar mejoras antes de que comience a ser aplicada por jueces, fiscales y demás operadores del sistema penal.
Finjus plantea modificar la fecha de aplicación del Código
Mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad propuso que el presidente de la República remita al Congreso Nacional una iniciativa para modificar el artículo 393 de la Ley 74-25, con el objetivo de extender el plazo previsto para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
Según Finjus, este tiempo adicional facilitaría un proceso de revisión técnica y de consenso entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la academia y otros sectores especializados vinculados al derecho penal.
La institución sostiene que no busca frenar la reforma del Código Penal, sino garantizar que la legislación entre en vigor con la solidez jurídica necesaria para evitar problemas de interpretación y aplicación.
Alertan sobre ambigüedades e incoherencias en la legislación
Entre las principales preocupaciones expuestas por Finjus figuran la existencia de ambigüedades, duplicidades y contradicciones dentro del articulado, aspectos que, a su juicio, podrían afectar la coherencia del ordenamiento jurídico nacional.
La organización advierte que varias disposiciones podrían dar lugar a interpretaciones contradictorias por parte de los tribunales, además de generar conflictos con principios constitucionales y con normas ya establecidas en el Código Procesal Penal.
En los últimos días, penalistas, jueces, académicos y organizaciones especializadas también han expresado inquietudes sobre la calidad técnica del texto aprobado, señalando problemas de redacción, vacíos normativos, figuras delictivas repetidas con sanciones diferentes y modificaciones incorporadas durante el proceso legislativo que no fueron armonizadas con el resto del Código.
Un debate que trasciende el aspecto técnico
Finjus considera que un aplazamiento permitiría corregir las observaciones antes de que la legislación produzca efectos jurídicos, evitando que una reforma destinada a modernizar el sistema penal inicie su aplicación rodeada de incertidumbre.
La entidad sostiene que un Código Penal técnicamente sólido fortalecería la seguridad jurídica, ofrecería mayor certeza a jueces, fiscales y abogados, y contribuiría a una administración de justicia más eficiente y predecible.
Difamación e injuria reavivan el debate sobre la libertad de expresión
Uno de los puntos que más controversia ha generado en torno al nuevo Código Penal es el tratamiento de los delitos de difamación e injuria.
Diversos sectores han manifestado preocupación porque las disposiciones aprobadas mantienen un enfoque penal sobre estas conductas, lo que, según sus críticos, podría convertirse en un instrumento para limitar el ejercicio del periodismo, la investigación y la crítica sobre asuntos de interés público.
Las observaciones se centran en la posibilidad de que figuras penales redactadas de forma amplia o con sanciones desproporcionadas puedan afectar el derecho constitucional a la libertad de expresión y al acceso a la información, especialmente cuando las denuncias involucran a funcionarios públicos o temas de relevancia nacional.
Para Finjus, revisar este tipo de disposiciones durante una ampliación del período de vacatio legis contribuiría a fortalecer la legitimidad de la reforma y reducir el riesgo de conflictos constitucionales una vez la normativa entre en vigor.
El Gobierno deberá decidir el futuro inmediato del Código Penal
La petición coloca ahora al Poder Ejecutivo ante una decisión de alto impacto institucional.
Si el Gobierno acoge la propuesta de Finjus, deberá remitir al Congreso Nacional un proyecto de ley limitado a extender el plazo para la entrada en vigencia del Código Penal, permitiendo revisar y corregir las observaciones técnicas identificadas.
En caso de que la legislación comience a aplicarse sin modificaciones, cualquier corrección tendría que realizarse posteriormente mediante nuevas reformas, mientras los tribunales enfrentan el desafío de interpretar y aplicar un texto que diversos especialistas consideran perfectible.
La solicitud de Finjus se suma al debate nacional sobre la necesidad de que la reforma penal combine modernización, seguridad jurídica y pleno respeto a los principios constitucionales, garantizando un marco legal estable y eficaz para la administración de justicia en la República Dominicana
